ONPE aprueba Medidas para Transparencia en Elecciones en Universidades

DESDE EL VIERNES 08 DE AGOSTO YA SE LES NOTIFICO A TODOS LOS RECTORES DEL PERU

´Ley Universitaria sigue su camino mientras TC la analiza´| RPP

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó las disposiciones que regulan su participación en las elecciones de las nuevas autoridades de las universidades públicas del país, a efectos de garantizar la transparencia de esos comicios, y remitió esa normativa a los rectores para su aplicación.

De acuerdo a la nueva Ley Universitaria, el organismo electoral garantiza la transparencia mediante la asistencia técnica a cada Comité Electoral Transitorio que se constituya en cada casa superior de estudios estatal.

Según informa la ONPE, aprobó tres normas: las disposiciones para las elecciones de las asambleas estatutarias de estas casas de estudio, las directivas del servicio de asistencia técnica a los comités electorales universitarios para dicha elección, y el procedimiento a seguir.

ELECCIÓN DE ASAMBLEAS ESTATUTARIAS

La primera, aprobada vía resolución jefatural del ente electoral, establece que los citados comités se encargan de convocar, conducir y proclamar los resultados de la elección de los representantes de los docentes y estudiantes ante la Asamblea Estatutaria.

Y para ello cuentan con la asistencia técnica de la ONPE en todas las etapas del proceso electoral, que tiene un plazo de 25 días calendario desde la convocatoria.

ASISTENCIA TÉCNICA

La siguiente norma, que regula el servicio de asistencia técnica a los comités electorales, precisa que ello incluye la elaboración del reglamento electoral, la convocatoria, definición del cronograma electoral, aprobación del padrón, inscripción de candidaturas, conformación de mesas de sufragio, desarrollo de la jornada electoral y la proclamación de resultados.

Para garantizar la transparencia del proceso electoral en una universidad pública, el comité electoral debe facilitar la participación de la ONPE en todas las etapas del proceso, informando de los acuerdos a los que arriben y acogiendo sus recomendaciones.

También precisa que no puede haber más de un comité electoral universitario y que en caso de conflicto o duda sobre su conformación, la ONPE solicitará un pronunciamiento de la máxima autoridad administrativa de la universidad.

PROCEDIMIENTO DE LA ASISTENCIA

En tanto, el procedimiento de asistencia técnica detalla punto por punto los pasos de la participación de la ONPE en estos comicios, y precisa que esa labor será dirigida por su Subgerencia de Asistencia Técnica, en Lima; y las Oficinas Regionales de Coordinación en el interior del país.

Esta última directiva precisa que en caso de ser factible y de requerirlo el comité electoral, se evaluará el desarrollo del servicio de votación electrónica.

Estas tres normas fueron remitidas por la ONPE a los rectores de las universidades públicas para su correcta implementación, en el marco de la adecuación a la nueva Ley Universitaria.

La ONPE manifestó que en los casos en los cuales las universidades públicas ya hayan elegido a los miembros de sus Asambleas Estatutarias, la ONPE revisará el proceso electoral y emitirá un informe sobre el particular.

Datos:

-La participación de la ONPE en las elecciones universitarias se encuentra establecida en el artículo 72 y la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Universitaria.

-La ONPE y el Ministerio de Educación emitieron el viernes último un comunicado conjunto en el que invocan a la comunidad universitaria a participar de la implementación de la nueva Ley Universitaria
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¿Cómo Proteger nuestra Información en Internet?

Hoy, todo gira alrededor de las computadoras y los sistemas electrónicos incluyendo nuestra información: desde nuestros datos personales hasta nuestras cuentas de banco. Esto se debe en parte a que, en primer lugar, el acceso a Internet a nivel nacional ha pasado en el último año –de acuerdo a Osiptel– de 19% a 33,7% y a que el 35% de la población peruana (unos 10 millones 300 mil habitantes) tiene al menos una cuenta en una red social.

Esta tendencia creciente del uso de las redes e Internet ha provocado que, lamentablemente, los criminales también se adapten a los nuevos entornos y avances tecnológicos.

Violación de las comunicaciones

Un ejemplo de que cualquiera puede ser víctima de la vulneración de sus derechos a través de las tecnologías, es lo ocurrido al anterior presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, quien sufrió el ‘hackeo’ de su cuenta de correo electrónico por parte de ‘Lulz Security Perú’ y ‘Anonymous Perú’, los cuales difundieron más de 3,500 mensajes, algunos de ellos relacionados al gobierno y pertenecientes al período de su en la PCM.

En este caso en particular, el abogado experto en delitos informáticos, Erick Iriarte, explica que lo que se produjo fue una violación del secreto de las comunicaciones –y no de la información– a través de la vulneración de la cuenta de correo electrónico del Sr. Cornejo. El derecho vulnerado se encuentra descrito en artículo 2, inciso 10 de la Constitución, acerca del secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados: estos únicamente pueden ser abiertos, incautados o interceptados por mandato judicial fundamentado, pues de lo contrario se estaría incurriendo en un acto ilegal, como de hecho ocurrió.

Sin embargo, Iriarte agrega que este acto también puede ser sancionado por la Ley 30096 de Delitos Informáticos que, en su artículo 7, castiga con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de diez años cuando el contenido de la información interceptada compromete la seguridad o la soberanía nacional. Dependiendo del contenido de los correos que se obtuvieron ilícitamente este último bien podría ser el caso.

Delito de los ‘hackers’

Los llamados ‘hackers’ ya han venido vulnerando la seguridad de los programas informáticos, –principalmente gubernamentales– y accediendo ilegalmente a contenidos reservados haciéndolos públicos e incluso alardeando de tales invasiones llegando al extremo de ofrecer cursos y tutoriales de cómo realizar estos actos ilegales. ¿Cómo se regula todo esto?

A la fecha, no hay un derrotero que permita combatir estos tutoriales ni su difusión o proliferación. La finalidad del ‘hacking’ es encontrar entradas a sistemas, portales, programas web y bases de datos privados, reservados o cerrados a través de las redes de comunicación con alguna finalidad ilegal como robo y ulterior utilización de la información contenida en esos espacios.

El ‘hacking’ ético o ‘auto hacking’, por otro lado, está permitido y tiene como finalidad encontrar las vulnerabilidades de un sistema ante posibles ataques de hackers externos o hallar información relevante y de interés público para su difusión. Iriarte recomienda que si se tiene algún indicio de haber sufrido una intercepción del correo electrónico o vulneración de la información personal, lo que uno debe hacer es dirigirse a la División de Alta Tecnología de la PNP (Divindat) y denunciar el hecho para que se realice la investigación correspondiente.

Los delitos más comunes

Ante el crecimiento de la incidencia de este tipo de delitos se deben tomar ciertas precauciones –muy básicas– que nos ayudarán a tener nuestra información más segura. Por ejemplo, se debe ser muy cauteloso ante un extraño que nos ofrece abrirnos una cuenta bancaria o de cualquier otro tipo y nos pide información. Los delitos más comunes son los que se valen de la información de nuestro entorno más cercano (dirección, edad, número de teléfono, nombre de los padres, fecha de nacimiento, nombre de soltera de la madre, entre otros) para cometer violaciones a la intimidad, al secreto de las comunicaciones, a la correspondencia, a la privacidad, entre otros.

Las recomendaciones a seguir son bastante simples:

Primero, por ningún motivo debemos tener la misma contraseña o palabras claves para todas las cuentas que poseamos.

Segundo, evitar emplear el nombre de nuestros familiares o personas de nuestro entorno más cercano para tales fines, ya que corremos el riesgo de que nuestros passwords sean fácilmente deducibles.

Tercero, cambiar cada cierto tiempo nuestras claves y, finalmente, no entregarle nuestras contraseñas a ninguna persona, ya sea familiar, pareja o asistente, porque de esa manera abrimos un círculo de personas que puedan acceder a nuestra información y nada nos asegura que la puedan anotar y que se les pierda.

Por último, los expertos recomiendan no ingresar datos personales ni a páginas que soliciten el ingreso de nuestros passwords o claves en computadoras públicas ni cuando nos conectadmos a servicios de WiFi ofrecidos gratuitamente, ya que toda la información que intercabiemos podría ser observada y robada por un tercero conectado a la misma red. Advertidos estamos.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO RECOMIENDA A LA PCM APROBAR REGLAMENTO DE LEY QUE GARANTIZARÁ DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LA POBLACIÓN INDÍGENA

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra mañana, 9 de agosto, el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, recomendó a la Presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, aprobar el reglamento de la Ley Nº 29735 que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú.

Tras destacar la existencia de dicha Ley, que ha permitido la ejecución de diversos instrumentos de gestión que vienen contribuyendo con la preservación de nuestras lenguas indígenas como el Mapa Lingüístico y el Documento Nacional de Lenguas Originarias, recordó que desde hace tres años está pendiente su reglamentación, lo que representa un obstáculo para su completa implementación.    Mediante oficio enviado a la PCM, señaló que la falta de políticas públicas adecuadas en materia lingüística ha generado que en la actualidad 37 lenguas se hayan extinguido y que la mitad de las 47 lenguas originarias que aún se usan en nuestro país se encuentren en peligro de desaparecer, debido a que solamente son habladas por núcleos familiares o personas dispersas. Es el caso, por ejemplo, de la lengua Taushiro que tiene un solo hablante. Asimismo, consideró que el proceso de fortalecimiento lingüístico debe estar acompañado de la promoción del uso de las lenguas originarias en espacios públicos que trasciendan a la escuela. “En la actualidad, en muchas zonas de nuestro país la atención en las instituciones públicas se hace en castellano, a pesar de que existe un alto porcentaje de hablantes de una lengua originaria, limitando con ello, en muchos casos, el ejercicio de diversos derechos fundamentales”, señala en el documento.El funcionario recordó que desde hace varios años, la Defensoría del Pueblo viene promoviendo la implementación de una política de educación intercultural bilingüe que permita que las lenguas sigan siendo aprendidas. “Una enseñanza simultánea en su lengua originaria y en castellano —con docentes preparados para tal fin y con materiales impresos en sus respectivos idiomas— permitirá a los estudiantes indígenas un mejor aprendizaje y promoverá un proceso de revitalización de dichas lenguas”, enfatizó. Para mayor información: http://www.defensoria.gob.pe/portal-noticias.php?n=12192

Casación Laboral N° 7800-2014 Junín

LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE SUPLENCIA NO SOLO SE PRODUCE CON LA OPORTUNA REINCORPORACIÓN DEL TITULAR DEL PUESTO DE TRABAJO, SINO TAMBIÉN CUANDO CESA EL DERECHO DE RESERVA DEL PUESTO DE TRABAJO.

Fecha de publicación: 20 de enero de 2014 Extracto: “DÉCIMO SÉTIMO: En relación a la extinción de los contratos por suplencia, es pertinente traer a colación lo señalado por el maestro Wilfredo Sanguineti Raymond, quien sostiene: “Sin perjuicios de la eventual concurrencia de alguna de las causales previstas por el artículo 16, la extinción de este contrato será ordinariamente el resultado de uno de los siguientes hechos: bien la reincorporación oportuna del sustituido, o bien el agotamiento de su derecho de  reserva  del puesto  de trabajo, aunque aquella  no se haya producido. No obstante, como quedó establecido, en este último supuesto hay que tener en cuenta  que, si el sustituido  continúa  laborando, el contrato se transformará por mandato del artículo 77 letra c), en uno por tiempo indeterminado. Una última situación puede también presentarse: que el trabajador sustituido se reincorpore a tiempo y el sustituto siga prestando servicios. Aquí la solución será la misma, como consecuencia del mantenimiento de la prestación de servicios  una  vez  desaparecida la causa que  dio  origen a su carácter  limitado en el tiempo, aunque  esta vez por aplicación de lo previsto por el artículo 77, letra a)” (sic). En atención  a ello, debe concluirse entonces  que la extinción del contrato de suplencia no solo se produce con la oportuna reincorporación del titular del puesto de trabajo, sino también cuando  cesa  el derecho  de  reserva  del puesto  de  trabajo,  aunque aquélla  no se haya producido;  máxime  si, el artículo 61 del Decreto  Supremo nº 003-97-TR establece que “el  empleador deberá reservar el puesto de trabajo a su titular,  quien conserva su derecho de readmisión en la empresa”. Entonces, la causal de desnaturalización contenida  en el inciso c) del artículo 77 del Decreto  Supremo nº 003-97-TR, debe  ser entendida en el sentido de que se produce la conversión en indefinido del contrato en función a la falta de reincorporación del sustituido o agotamiento de  su derecho de reserva del puesto de trabajo y la continuidad de la prestación de los  servicios del sustituto; por lo que, al haber cesado el derecho de reserva del puesto de trabajo por renuncia voluntaria de su titular y estar acreditado la continuidad en las labores desarrolladas por el accionante, se cumple el supuesto de hecho para la determinación  de  la desnaturalización del contrato individual por suplencia prevista en el inciso e) del artículo 77 del Decreto Supremo nº 003-97-TR En consecuencia, debe declararse fundada esta causal. Fuente: Poder Judicial

Deforestación sin límites: Devastación en los Bosques de Iquitos

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La dinámica de los conflictos sociales en el Perú es incesante y variada. Según el reporte de la Defensoría del Pueblo, cada mes aparecen nuevos casos y se resuelven otros. Los 211 que hoy por hoy encaramos van desde las recurrentes escenas de comunidades movilizadas contra compañías mineras hasta desalojos de mercados con gran despliegue policial.

Si bien no hay predicción científica que valga a este respecto -en el Perú, dicen, la visión del futuro está más cerca de la adivinación que de las ciencias sociales- lo cierto es que, atando algunos conocidos cabos, se puede entrever escenarios más o menos probables durante este año.

VOTOS MÁS, VOTOS MENOS

Hacia octubre las elecciones regionales y locales serán intensamente  disputadas. Tratándose de un tipo de poder cuyas interioridades los ciudadanos conocen de muy cerca, es previsible que las miles de campañas electorales sean -esperemos que solo metafóricamente-­ verdaderas luchas cuerpo a cuerpo. En cierta forma será también una especie de pulseo preliminar entre las fuerzas políticas, de cara a las elecciones generales del 2016. Pero, cuidado, los partidos nacionales en las elecciones anteriores solo ganaron, individualmente, tres gobiernos regionales. A nivel de municipios distritales su participación se redujo a 5%. Nada parece indicar que esto haya cambiado  sustancialmente. En esta medida, las candidaturas se multiplicarán y el crimen organizado buscará penetrarlas.

Los conflictos aquí vienen también por el lado del uso indebido de recursos públicos, sobre todo de los candidatos a la reelección y sus seguidores. Paneles de propaganda que no se retiran a tiempo; empleados públicos que se ponen la camiseta partidaria en horas de trabajo; o inauguraciones convenientemente programadas para la víspera. Menudearán, seguramente, denuncias y reyertas.

De otro lado y a pesar de la progresiva solvencia del sistema electoral, subsisten problemas con los electores golondrinos, esos  votantes que migran sin justificación razonable de un distrito a otro para favorecer a algún candidato. Una rigurosa y oportuna revisión del padrón electoral evitará que el ojo zahorí de los militantes descubra en la fila a una partida de forasteros y arda troya, porque ”acá, oiga usted, todos nos conocemos”.

LA FIEBRE DEL ORO Y DEL MORO

Los mineros informales e ilegales son y seguirán siendo un gran dolor de cabeza. Con relación a los ilegales que ostensiblemente dañan el ambiente, la mano de la ley debe ser todo lo dura que se necesite. A su turno, el Estado deberá trabajar arduamente con los setenta mil que han iniciado su formalización, removiendo lo escollos que hasta ahora limitan los avances en el proceso. Pero ¿qué hacer con los miles que no presentaron su declaración de compromiso aparentemente poco incentivados a formalizarse, y mucho de los cuales hacen minería de socavón a kilómetros de distancia del paisaje desolador de Madre de Dios? Una pregunta por ahora sin respuesta tanto como el ánimo belicista que ha adquirido el tratamiento de esta problemática en un país donde la informalidad cruza todas las actividades económicas y el 68% del empleo tiene esta condición.

LICENCIA  PARA EXTRAER

El tipo de conflicto más persistente el que opone a comuneros, ronderos, agricultores, ambientalistas, con las empresas mineras, que a la fecha son 73 casos. Cabe advertir que  de ellos no más del 30% tiene que ver con la oposición al inicio de un proyecto minero. La mayoría, 70%, son motivados por incumplimiento de compromisos suscritos en actas, accidentes ambientales, falta de remediación de pasivos ambientales, experiencias de maltrato, etc.

En tanto la institucionalidad estatal gana velocidad y pericia, la esperanza está puesta en la capacidad para relacionarse mejor entre uno y otro. Si la comunidad es o se siente parte del proyecto minero, planificará su desarrollo considerando el aporte que la empresa pueda hacer aquí y ahora en educación, salud, infraestructura. Que esta es tarea del Estado, no cabe duda, pero en un contexto de grandes carencias lo realista es asociarse para intentar dejar atrás la pobreza.

En este esfuerzo, y mientras superamos las limitaciones institucionales, el diálogo es la gran herramienta que disuelve prejuicios, entrecruza perspectivas y concibe destinos compartidos.

Rolando Luque Mogrovejo,

Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo

Publicado en la revista Caretas.
(30 de abril del 2014)