Para el abogado penalista, la Ley N° 30101, o llamada “Ley Antauro”, sí colisiona tanto con la doctrina del Tribunal Constitucional así como con los criterios determinados por el Poder Judicial en materia anticorrupción.
Asegura que la ley “ha roto esa línea de disposiciones legales y preceptos” que se habían determinado después de los procesos iniciados a partir del año 2000 respecto al conflicto de la norma penal en el tiempo.
Por otro lado, no considera que la norma modifique radicalmente el régimen de aplicación de beneficios penitenciarios.
