La Corte Suprema, en el Recurso de Nulidad N° 1336-2012-Apurímac, ha sostenido que para el delito de malversación de fondos no se ha comprobado una afectación del servicio o función encomendada; por su parte, para el delito de peculado, conforme al dictamen pericial contable registró que existía un saldo a favor por exceso de gastos.
Por lo tanto, una eventual sanción penal “no se condice con los principios de subsidiariedad y última ratio que informan el Derecho penal” conforme a los cuales “deben priorizarse otras vías distintas a la penal para la solución de conflictos de relevancia jurídica”.
Este pronunciamiento se encuentra acorde con el Recurso de Nulidad N° 3763-2011- Huancavelica, en el que se resalta el principio de mínima intervención –o última ratio- y de lesividad que debe regir la justicia penal.
Con respecto al primero, principio de mínima intervención, la Corte Suprema considera que no puede arrogarse al Derecho Penal “todo comportamiento socialmente indeseado, sino solo aquellos que revisten suma gravedad y que no son posibles de revertir con medios de control social menos severos, debiendo reducir su intervención a aquello que sea estrictamente necesario en términos de utilidad social general”.
Por otra
parte, el segundo principio, lesividad que debe regir la justicia penal indica
que “no cualquier lesión o puesta en peligro de un bien jurídico tiene aptitud
para activar el sistema penal, pues para la materialización de un delito se
requiere de un hecho lo suficientemente grave como para ser objeto de represión
penal, y no un simple desliz disciplinario”.
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLCA
Procesado: Jorge Asunción Sifuentes Valverde.
Delitos: Peculado y otros.
Agraviados: Municipalidad Provisional de Abancay y otro.
Fecha: 10 de enero de 2013
SALA PENAL TRANSITORIA
R.N. N° 1336-2012-APURÍMAC
Procesado: Jorge Asunción Sifuentes Valverde.
Delitos: Peculado y otros.
Agraviados: Municipalidad Provisional de Abancay y otro.
Fecha: 10 de enero de 2013
SALA PENAL TRANSITORIA
R.N. N° 1336-2012-APURÍMAC
Lima, diez de enero de dos mil trece
VISTOS;
El recurso de nulidad interpuesto por el Fiscal Superior contra la sentencia de fojas mil sesenta y dos, del dos de diciembre de dos mil once, que absolvió a Jorge Asunción Sifuentes Valverde de la acusación fiscal formulada en su contra por delito contra por delito contra la Administración Pública -peculado y malversación de fondos- y por delito contra la fe pública -falsificación de documentos subtipo adulteración de documento privado- en agravio de la Municipalidad Provincial de Abancay y la Policía -Nacional del Perú. El Estado, interviene como ponente el señor Rodríguez Tineo.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que el Fiscal Superior a fojas quinientos ochenta y tres alega que el tribunal Superior no ha valorado que el procesado ha reconocido no haber entregado el dinero a las diversas dependencias policiales. Tampoco ha tenido en cuenta que la pericia contable no tiene valor probatorio debido a que se sustentó en boletas de venta adulteradas.
SEGUNDO: Que la acusación de fojas quinientos ochenta atribuye al procesado Jorge Asunción Sifuentes Valverde& en su condición de Jefe del Estado Mayor de la Policía -Nacional del Perú- Región Policial de Apurímac, que con fecha trece y veinte de marzo de dos mil nueve recibió dos cheques por las sumas de mil trescientos noventa y cinco nuevos soles con setenta y cinco céntimos y mil ochocientos diecisiete nuevos soles con ochenta céntimos correspondiente a la recaudación de multas por infracciones de tr6nsito de los meses de diciembre de dos mil ocho y enero de dos mil nueve, con el objetivo de hacerlos efectivo y, parte de ellos, distribuirlos a las Sub Unidades de Transito de las Comisarias de Abancay, Bellavista, Tamburco, Carahuasi, Lambrama, Chalhuanca y Radio Patrulla- Apurímac. Empero, un porcentaje lo destino indebidamente a la compra de una batería para un vehículo policial de placa de roda(e JY, dos Mil cuatrocientos cincuenta y ocho, la adquisición de un cristal para el escritorio de la oficina del Jefe de Estado Mayor y tres cuadros con bastidores para el gimnasio, sin acreditar la utilización de un saldo ascendente a Quinientos cuarenta y nuevos soles con diecisiete céntimos, monto que se habría apropiado el Coronel PNP Jorge Asunción Sifuentes Valverde.
TERCERO: Que con el Informe numero cuarenta y seis dos mil nueve XVIDIRTEPOL- APURMIAC/JEM de fojas cuarenta y seis, se desvirtúa la supuesta falta de documentación sustentatoria del dinero entregado al encausado. En este dictamen se hace mención que cumplió con ad(untar las boletas de ventas de las empresas Decoraciones -Nuevo Mundo, Comercial Chinitos, Ferretería Aymarino y JHT Hardware y Sofware. Y también con las actas de constatación en los referidos establecimientos comerciales, en presencia del representante del Ministerio Publico. Además, de la realizada en la oficina de la Jefatura de Estado Mayor de la XVI -Región Policial Apurímac Dirección Territorial de Apurímac, efectuada por el Fiscal Rommel Rubén Padilla Mendoza el día veintisiete de octubre de dos mil nueve de fojas doscientos diecinueve, mediante la cual se constató en el vehículo policial, marca Toyota, de placa de rodaje JY – 2458, la batería Marca Enerjet, et. Igualmente un cuadro con marco con el mapa del departamento de Apurímac y un cristal para escritorio en la oficina del Jefe del Estado Mayor de la Región Policial de Apurímac y tres cuadros con bastidores con la figura de fisicoculturistas para el gimnasio, adquiridos por el encausado Jorge Asunción Sifuentes Valverde por un valor aproximado de trescientos setenta y ocho nuevos soles, quedando un saldo de quinientos cuarenta y uno punto diecisiete nuevos soles.
CUARTO: Que del mismo modo, se ha desvirtuado la comisión del delito de peculado con el dictamen pericial contable ampliatorio de fojas mil treinta y siete, que concluyó:
“De la documentación existente en autos por infracciones de tránsito de la Policía -Nacional del 8onvenio –N º 001-2008 los Meses de diciembre de 2008 y enero de 2009 el importe S/. 3213.58 los mismos que han sido rendidos en su totalidad por el Coronel Sifuentes. Incluso, con el importe de S/. 2.07 a favor por exceso de gastos, tal como se detalla en Anexo –Nº 01, con la observación de que no se distribuyó la alícuota a las Comisarias de Abancay, Bellavista, Radio Patrulla, Curahuasi, Tamburco, Huanipaca, Casinchihua, Lambrama y Chalhuanca. También se ha determinado que de los fondos entregados al Mayor Marco Ayvar, Jefe de DVPOLTRAN- existe un saldo por distribuir de S/. 1.37 (…).
Por lo demás debido a que los montos cuestionados como objeto de apropiación no se condicen con los principios de subsidiariedad y ultima ratio que informan el Derecho Penal, pues deben priorizase otras vías distintas a la penal para la solución de conflictos de relevancia jurídica, donde solo determinados bienes jurídicos, importantes, necesarios e indispensables para la viabilidad de las interrelaciones y la cohesión del sistema social y político, ingresan al ámbito penal, los que a su vez configuren un alto grado de insoportabilidad social.
Por consiguiente, dado que los montos objeto de apropiación son ínfimos y no son significativos para concluir que todo el aparato estatal se encuentre gravemente lesionado. En consecuencia, el comportamiento del imputado no constituye apropiación.
QUINTO: Que, en el caso del delito de Malversación de fondos, tampoco se acreditó que se haya afectado el servicio o función encomendada. En autos no existe elemento alguno que haga inferir que se perjudicó el control o fiscalización del transito vehicular.
Cabe precisar respecto a los hechos objeto de acusación, que los delitos de malversación de fondos y peculado son conductas típicas diferentes, pues aun cuando protegen el correcto funcionamiento de la Administración Pública, se diferencian porque la malversación consiste en una aplicación diferente y definitiva a los bienes públicos, mientras que el peculado consiste en una apropiación en provecho de terceros ajenos al Estado. y su característica más relevante es que los bienes o caudales del Estado, en el primer delito, no salen de la esfera patrimonial del Estado, como si sucede en el caso del peculado. En el caso de autos los hechos constituirían una probable apropiación, pero de ninguna manera un cambio de destino de los caudales públicos.
Al no existir mayores pruebas que demuestren la comisión de este ilícito penal, la absolución es conforme a Derecho.
SEXTO: Que, en cuanto al delito contra la fe pública, no puede atribuirse adulteración de la boleta de venta Nº 0064 al encausado, porque Fred Yunis Salazar Vignatti y Norma Delgado Medina no solo han reconocido haberla emitido& sino que por una omisión no comunicó a las autoridades competentes la modificación de su dirección comercial. En todo caso corresponde a una infracción tributaria y no así al delito que se imputa. Este evento tampoco puede constituir el delito sub judice.
DECISION:
Por esos fundamentos con lo expuesto por el señor Fiscal Supremo en lo Penal: declararon NO HABER NULIDAD en la sentencia de fojas Mil sesenta y dos, del dos de diciembre de dos mil once, que absolvió a Jorge Asunción Sifuentes Valverde de la acusación fiscal formulada en su contra por delito contra la Administración Pública -peculado y Malversación de fondos, y por delito contra la fe pública -falsificación de documentos, subtipo adulteración de documento privado, en agravio de la Municipalidad Provisional de Abancay y la Policía Nacional del Perú; El Estado, con lo demás que contiene, y los devolvieron.
SS.
SAN MARTÍN CASTRO; LECAROS CORNEJO; PRADO SALDARRIAGA; RODRÍGUES TINEO; NEYRA FLORES
