PODER JUDICIAL INVESTIGA CON CELERIDAD Y AUTONOMÍA A OCHO PRESIDENTES REGIONALES POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN

(La mayoría de autoridades regionales son investigadas por los delitos de asociación ilícita para delinquir, peculado y malversación de fondos)

El Poder Judicial, a través de sus órganos jurisdiccionales descentralizados y la Sala Penal Nacional, investiga con celeridad y autonomía a un total de ocho presidentes regionales por presuntos actos irregulares y de corrupción en el desempeño de sus funciones.

Se trata de las autoridades César Álvarez (Áncash), Gregorio Santos (Cajamarca), Gerardo Viñas (Tumbes), Kléver Meléndez (Pasco), Yván Vásquez (Loreto), Wilfredo Oscorima (Ayacucho), Jorge Velásquez (Ucayali) y Juan Manuel Guillén (Arequipa).

Álvarez, quien cumple prisión preventiva por 36 meses, está procesado junto a 30 personas por homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir por el asesinato del ex consejero regional Ezequiel Nolasco. Además, es procesado con otras 60 personas por el delito de peculado doloso y asociación ilícita para delinquir por el caso “La Centralita”.

Gregorio Santos también cumple prisión preventiva por 14 meses. Él es procesado junto al funcionario José Panta Quiroga y contratistas del Estado por irregularidades en los procesos de contratación de obras. Los delitos que recaen sobre ellos son cohecho pasivo, colusión desleal y asociación ilícita para delinquir.

En el caso del suspendido presidente de Tumbes, Gerardo Viñas, el 2° Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes dictó 9 meses de prisión preventiva, mientras la Sala Penal Nacional confirmó la orden de captura nacional e internacional contra él. No obstante, Viñas, quien afronta cargos de colusión agravada, falsedad genérica y abuso de autoridad, sigue prófugo.

Por su parte, Kléver Meléndez, de Pasco, se encuentra recluido en un penal luego que la Sala Penal Nacional dictó prisión preventiva por 14 meses. Se le procesa, junto a su asesor jurídico Juan Manuel Boza, por cohecho pasivo propio, asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.

Yván Vásquez, presidente de Loreto, afronta actualmente seis procesos judiciales, en los que destacan los delitos de administración fraudulenta, colusión agravada, peculado doloso, malversación de fondos y agrupación ilícita. El pasado 20 de junio el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para él y otros siete procesados. A la fecha se espera que el 2 ° Juzgado de Investigación Preparatoria de Loreto resuelva este requerimiento.

Por su parte, el presidente regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, afronta dos procesos: uno por la compra irregular de 10 tractores; y otro por la irregular declaratoria de emergencia de carreteras de Ayacucho, lo que permitió obviar los procesos de licitación. Oscorima es procesado por los delitos de malversación de fondos, incumplimiento de funciones y colusión.

En tanto, Jorge Velásquez, titular de la región Ucayali, afronta dos procesos por los delitos contra la administración pública y negociación incompatible. La Sala Penal de Apelaciones de Ucayali resolvió enviar uno de estos casos a la Sala Penal Nacional, en Lima.

Por último, Juan Manuel Guillén (Arequipa) viene siendo investigado por peculado, omisión y/o retardo en el ejercicio de sus funciones por presuntas irregularidades en el convenio con la Municipalidad de Caravelí sobre el proyecto de inversión denominado ‘Mejoramiento de la Carretera Ático’. El juzgado ha reprogramado la audiencia de control de la acusación para el 25 de agosto de 2014.

César Landa Arroyo: "La ANR no puede interponer una demanda porque no ti...

En opinión del constitucionalista, la Ley Universitaria no es inconstitucional ni viola la autonomía de las instituciones que pretende regular a través de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu). Más bien, esta servirá para regular y autorizar la creación de nuevas casas de estudios. Agregó que los miembros de la ANR sí buscaban autorregularse, pero nadie puede ser supervisor de sí mismo y por eso se ha optado por la fórmula de la Sunedu.

Explica que con este dispositivo se intenta corregir un problema histórico aparecido en la década de 1990: el bachillerato automático, que se otorgaba sin necesidad de que los estudiantes elaboren proyecto de investigación alguno. Con la actual ley se busca recuperar la identidad de las universidades como centros de formación, investigación y responsabilidad social.

“Lo que se estaba fomentando eran profesionales sin preparación en la medida de investigación, no leían más allá de lo que significa aprobar una materia y los profesores tampoco lo promovían porque tampoco eran doctores ni magíster”, afirma Landa.

También considera que la Ley ayudará a acabar con la “educación mediocre” porque aquellos que ejerzan la docencia deberán contar con un grado de magíster y, por lo tanto, las nuevas generaciones tendrán mejores oportunidades.