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lunes, 23 de septiembre de 2013
Candidato al Decanato del CAL se pronuncia sobre la violación de los derechos individuales a la Fiscal Suprema Gladys Echaíz
Consideró que como defensor de la justicia y soldado del derecho subordinado a la defensa de los derechos humanos no aspira a que el Colegio de Abogados de Lima sea un mero formalismo gremial, o un ente sin corriente de opinión frente a los grandes debates jurídicos nacionales. Por lo contrario, el sustento de su candidatura respaldada por un amplio sector de la abogacía tiene como contenido la defensa de la moral pública e institucional; el proyecto pasa por cooperar desde el Decanato a la restitución de los Organismos Constitucionales pilares de un régimen de derecho.
En los últimos días hemos observado con mucha atención que desde el Congreso de la República, específicamente de una Comisión Investigadora, se está flanqueando por un concepto más político que jurídico los temas de su competencia, maltratando garantías que trascienden el orden constitucional y las individuales a la cual tiene derecho cada persona. Estas funciones de fiscalización del Congreso ejecutadas de forma extraña son totalmente incompatibles con la observancia del marco legal que no puede ser vacuo y las Instituciones no pueden ser edificios o sellos de goma, la persona humana debe ser investigada con sujeción absoluta al ordenamiento constitucional.
La ex Fiscal de la Nación Dra. Gladys Echaíz Ramos, ha sufrido una violación a sus derechos individuales como ciudadana y funcionaria pública de rango constitucional, tanto en que la misma se le imputan cargos sin habérselos hecho conocer y menos haberla citado para tomar su declaración como una mínima garantía al debido proceso. Esta forma de llevar indebidamente el procedimiento parlamentario nos ha hecho retroceder al oscurantismo medioeval y del perverso derecho de aquella época felizmente desterrado.
Considero como jurista que debo pronunciarme, expresando mi total rechazo a esta anticonstitucional actuación de dicha Comisión Investigadora del Congreso de la República, respaldando con la fuerza la razón y de los argumentos jurídicos a la Dra. Gladys Echaíz Ramos, verdadera reserva moral por las funciones realizadas a cargo del Ministerio Público, que es el guardián de la legalidad en Perú.
Por último, dijo que es muy común la persecución de juristas por razones políticas, recordando que inclusive exdecanos del CAL sufrieron cárcel por defender la democracia y el orden jurídico. Ser perseguidos, a veces, es un honor especialmente cuando luchamos por un orden jurídico, por la justicia y por la defensa de los derechos humanos. En Perú, todos sabemos quién es quién, y quienes tenemos aspiraciones de llegar al Decanato del CAL, tenemos que defender las causas justas, no importa las críticas. Lo importante es construir una nueva abogacía con ética, honor y dignidad.
Juez Aníbal Maraza
Escribe: Rafael Romero
Si la seguridad jurídica en el país, la legalidad, el respeto a los contratos, a un laudo arbitral y a ejemplares resoluciones del ministerio de Transportes y Comunicaciones, no estuvieran en peligro, no me abocaría a comentar lo que se ventila hoy en el 10° Juzgado Civil del Poder Judicial de Arequipa, y que hace apenas unos meses ha comenzado a ser despachado por el magistrado Aníbal Maraza Borda.
En manos de este juez está el poner fin al sistemático abuso del derecho que vienen perpetrando en contra de RBC Televisión dos empresas, de nombre Austral y Crasa, entre cuyos representantes se encuentran miembros de la familia Mendoza, el ex ministro Domingo Palermo y el grupo ATV, todos de alguna manera muy vinculados o consorciados, con un interés económico “non sancto” tejido desde Arequipa, vía una acción de amparo antojadiza e inconsistente, un plan subalterno para que Austral vuelva al papel de inquilino de RBC.
Maraza debe saber que Austral fue inquilina de RBC Televisión, que le debe por alquiler más de US$ 1’853,000, asimismo 207 equipos facilitados entre 1997 y 2000, tiempo que, al verificarse la insolvencia de Austral, se tuvo que ir a un arbitraje en la Cámara de Comercio de Lima, el mismo que mediante un laudo, que es cosa juzgada, resolvió dicho contrato por incumplimiento de pago. Es en este momento cuando aparece la empresa arequipeña Crasa, tercero con quien RBC Televisión nunca contrató, y que se dio el lujo de presentar un amparo. No obstante, en un acto que honra al Poder Judicial de Arequipa, ese amparo fue rechazado de plano.
Deploramos que el poder político y económico lograra el año 2009 que dicha acción de amparo sea vista por el Tribunal Constitucional (la vicepresidencia de la República la regentaba Lourdes Mendoza, vinculada por línea familiar a los integrantes de Austral y Crasa), disponiéndose se realice un proceso trilateral entre Austral, RBC y el MTC para revisar los efectos de la cesión en uso del espacio radioléctrico, trámite administrativo que se realizó, resolviendo el ente rector del sector Comunicaciones a favor de RBC Televisión, y dándose a la vez cumplimiento a la sentencia del TC.
El juez Aníbal Maraza puede marcar la diferencia frente a sus antecesores, archivando un caso que, debido a mil y uno artilugios, se ha extendido demasiado.
FUENTE: DIARIO EXPRESO 23.09.13
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