FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUAURA LOGRA HISTÓRICA CONDENA POR DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
En aplicación del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), fueron condenados a pena efectiva los procesados Hubeth Cruz Saavedra, Frank Bao Cruz y Maribel Bautista Carrasco (5 años de pena privativa de libertad); Gricelda Dorregaray Leiva, Yovany Sanchez Zapata y Javier Palomares Romero (06 años de pena privativa de libertad) y Mirko Vasquez Torres (a una pena privativa de libertad de 09 años), quienes permanecerán internados en el Establecimiento Penitenciario de Huacho por el tiempo de la pena; en tanto que Luis Alberto Sanchez Curay y Elsa Zapata de Sánchez fueron condenados a 4 años de pena privativa de libertad suspendida por el plazo de 3 años; al comprobarse su responsabilidad en la comisión del delito de Lavado de Activos, producto de las pensiones de jubilación e invalidez que ilícitamente tramitaban la asociación licita encabezada por el sentenciado Efemio Bao Romero (sentenciado en procesos anteriores, así como en el actual mediante la aplicación del procedimiento de colaboración eficaz).
Este logro le correspondió al Fiscal Provincial Titular Álvaro Bernardo Rodas Farro y su equipo de trabajo del Despacho de Coordinación de la Fiscalia Provincial Penal Corporativa de Huaura: la Fiscal Adjunta Provincial Penal Fanny Norka Pérez Argandoña y los asistentes administrativos Jesús Ángel Vilca Zorrila y José Francisco Bustamante Requena.
Esta agrupación delictiva realizaba trámites ilícitos para conseguir las pensiones de jubilación de personas de diversas edades en especial de la tercera edad que captaban con engaños; empezó a funcionar en el 2002 y bajo la fachada de una oficina de asesoría legal cuya razón social fue “Nueva Esperanza” y que como actividad “legal” se dedicaban a la venta de ropa deportiva y plantas, dirigía acciones que en concurso con varias personas se encargaban de llenar falsos recibos de pagos de haberes y certificados de salud.
Asimismo, coludiéndose con los verificadores de empresas terceristas de la ONP, daban aparente legalidad a los tramites, para posteriormente al cabo de unos años comenzar lavar el dinero mal habido, a través de la adquisición así como la transferencia de propiedades (mayormente inmuebles y vehículos) en diversas partes del norte chico, como Huaura y Huaral, así como también en la ciudad de Lima, propiedades cuya adquisición no pudo ser justificada por sus propietarios en forma debida en ningún momento del proceso.
Entre los fundamentos de su alegato el fiscal provincial, haciendo uso de sus destrezas, recalcó la importancia de reprimir este tipo de conductas que socavan el orden económico y afectan otros bienes jurídicos, mostrando además importante material probatorio, introduciéndose como parte de su estrategia prueba nueva-declaración de condenados, entre otros; así como prueba necesaria con respecto a cada uno de los imputados; sirviéndole ademas como herramienta fundamental la prueba indiciaria, la misma que fue sustentada y debidamente acreditada ante el Colegiado.
Los sentenciados además de la pena privativa de la libertad efectiva impuesta, deberán de pagar una reparación civil de S/ 47, 000 nuevos soles, así como la reversión de los inmuebles que adquirieron producto de su actividad ilícita, que fueron destinados a favor del Estado y en especifico a la Oficina de Normalizacion Previsional, por un monto de más de un millón de dólares americanos.
