En las entrañas de la siempre sospechosa SUNAT, que preside Tania Quispe, prima de Nadine Heredia, algo huele a podrido. Documentos enviados a esta redacción por el Sindicato Nacional de Unidad de Trabajadores de la SUNAT (SINAUT- SUNAT) dan cuenta de graves indicios en los que estarían involucrados empleados del ente recaudador.
La denuncia estriba en que varios funcionarios de esa entidad habrían concertado de manera ilegal con proveedores de cursos de capacitación de cobranza coactiva y auditoría con alcance nacional, al haber omitido convocar a concurso público la contratación del proveedor y así favorecer a ciertas empresas escogidas a dedo.
Con las cuales existirían acuerdos o negociados bajo la mesa. Estas serias irregularidades que lindan con lo ilícito por parte de quienes tenían el encargo de contratar los servicios para impartir los cursos de capacitación, eluden el deber de vigilancia y supervisión en la calidad de los servicios contratados.
Pura pantalla. Para el dictado de los cursos de cobranza coactiva y auditoría, que son obligatorios por parte de la SUNAT y se llevan a cabo a nivel nacional, de acuerdo al Reglamento Interno de Trabajo, se siguió un procedimiento irregular e indebido, pues según la información recibida se habría obligado a firmar a cada uno de los trabajadores formularios de solicitud de capacitación y compromiso de descuento.
Para así dar una apariencia de que el dictado de los cursos de capacitación se origina en una solicitud personal, voluntaria y por iniciativa del trabajador y no de la entidad estatal.
Esto sirvió de sustento para que los funcionarios de la SUNAT, responsables de gestionar y llevar a cabo el dictado de esos cursos, tengan una excusa para ignorar su deber de convocar el respectivo concurso público para la contratación del proveedor del servicio de capacitación.
Permitiendo así que se seleccione a dedo las empresas con las cuales existiría un acuerdo o concertación ilegal.
Esta no sería la primera vez que sucede una cosa así, pues existe un antecedente similar cuando se capacitó a los trabajadores de la SUNAT en seguridad y salud en el trabajo.
Conforme a la Ley N° 29783 y su reglamento, el empleador tiene la obligación de capacitar a todos sus trabajadores y esto debe ser una iniciativa de la institución.
Sin embargo, de acuerdo a la denuncia, cuando esa capacitación se llevó a cabo en la SUNAT se utilizaron los formatos de solicitudes de capacitación como si fuera un pedido individual de cada trabajador, lo que permitió que ciertos “avivados” eludan la figura del contrato público.
Con la secuela del incremento de los costos para la entidad, pues cuando se capacita utilizando los formatos de solicitud de capacitación, no operan los límites para el pago; en consecuencia, los costos se incrementan y se beneficia el proveedor.
Coincidentemente, en ambos casos el principal proveedor fue la Universidad César Vallejo (UCV), propiedad del alcalde de Trujillo, César Acuña.
Vale aclarar que los proveedores contratados  no prestan el servicio en su integridad, sino más bien son los funcionarios del Instituto de Desarrollo Tributario y Aduanero (INDESTA) y los trabajadores de la SUNAT los encargados de realizar las labores de organización y ejecución de los servicios contratados.
Por ejemplo, se ocupan de preparar el dictado de clases (la SUNAT proporciona la mayor parte de la plana docente), efectúan la elaboración y aplicación de las evaluaciones, el registro de notas, etc.
En otras palabras, se estaría destinando recursos del ente recaudador para cumplir con un servicio que se ha contratado y que en un escenario real deberían ser asumidos en su integridad por los proveedores.
Lo antes mencionado evidenciaría que “los proveedores serían una fachada que sólo se encargarían de labores de logística como el fotocopiado de documentos, la provisión de anfitrionas, la contratación del local y algunos docentes externos (en un porcentaje menor), mientras que en los hechos reales es la SUNAT la que se encarga de la prestación sustantiva del servicio”.
La explicación del intríngulis sería que uno o más funcionarios con poder de decisión en el INDESTA que tienen aspiraciones políticas estarían vinculados a la citada universidad, pues ven a esa casa de estudios, ligada al partido Alianza Para el Progreso de Acuña, como una plataforma para ascender a cargos de expectativa.
Es más, según nuestras fuentes, algunos de ellos dejan entrever ese interés político entre el personal a su cargo.
Nexo entre la UCV y Sunat. Otra de las empresas beneficiadas con la contratación del dictado de cursos de capacitación es LEGO EDUCACION A DISTANCIA S.A. (LEGO ED S.A), compañía que no tiene ni un año de constituida e inscrita en la SUNAT (fue creada el 22 de julio de 2013).
Este dato es más que interesante, pues demuestra que la referida empresa carece de experiencia en el dictado de cursos de capacitación de primer nivel.
Según la denuncia referida, detrás de la creación de LEGO ED S.A estarían algunos funcionarios de la institución que lidera Tania Quispe.
Por otro lado, también habría una estrecha relación entre la Universidad César Vallejo y LEGO ED S.A. El nexo sería Carlos Enrique Cruzado Plasencia, quien era jefe de promoción y marketing de la UCV y, a la vez, por parte de la empresa LEGO ED S.A., coordinador ante la SUNAT de la capacitación a los auditores que se realiza en el local del Colegio de Ingenieros de Lima.
Defensa de los intereses del estado. La denuncia hecha por la SINAUTSUNAT va mucho más allá y habla de otras irregularidades cometidas por los funcionarios del INDESTA.
Verbigracia, mencionan que empleados de esa entidad cancelan por anticipado los servicios de capacitación contratados a la Universidad César Vallejo y LEGO ED S.A., a pesar de que la ejecución de los mismos comprenden varios grupos sucesivos de participantes entre los meses de abril y junio del año en curso.
“Para el dictado de estos cursos de capacitación de ‘primer nivel’, el Estado invierte grandes sumas de dinero por cada alumno, pero la SUNAT no asume su responsabilidad de supervisar y fiscalizar la calidad de la enseñanza para que el dictado de los cursos cuente con el nivel de acuerdo a los precios pagados por los mismos.
Además de la responsabilidad que deben asumir los funcionarios de la Sunat por las pésimas condiciones del dictado de los cursos, el bajo nivel de gran parte de los docentes externos que obedece a la improvisación y falta de planificación, el pobre contenido de las materias dictadas.
La ausencia de los profesores en las horas pactadas, etc.; deficiencias que exigen severas penalidades por el mal servicio de capacitación que se brinda”, se lee en la denuncia.
En síntesis, existe una gran desorganización en el dictado de los cursos de capacitación por las graves deficiencias detectadas, la pobre calidad de los mismos, profesores que no van a dictar clases o que asisten con retraso, que llegan sin haberse preparado, que desconocen que el dictado era para trabajadores activos de la SUNAT,
Que ignoran el contenido de los cursos o no saben distinguir la labor de auditoría y/o cobranza. O sea, se pagan miles de soles por cursos cuya calidad no justifica el precio asignado por el proveedor, todo por favorecer a los proveedores de la Universidad César Vallejo y LEGO ED S.A.
Cabe precisar que estas denuncias también han sido puestas en conocimiento del jefe de la Oficina de Control Interno de la SUNAT, Javier Alberto Castro Méndez.
“La jefa de SUNAT (Tania Quispe) debe disponer una investigación urgente y prioritaria para identificar a los autores y responsables de estas graves irregularidades, a quienes se les debe aplicar las sanciones correspondientes.
Ya es hora de que se defienda los intereses del Estado y se castigue a los funcionarios públicos que defraudan al Estado para satisfacer intereses particulares”, dice María Covarrubias, secretaria general del SINAUT- SUNAT.
Frente esa situación, la muchacha denunció a Carlos Cruzado por acoso sexual y hostigamiento laboral ante la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía Penal de Lima, el Ministerio de la Mujer, la Asamblea Nacional.
FUENTE: http://www.juezjusto.com/?p=8959