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La dinámica de los conflictos sociales en el Perú es incesante y variada. Según el reporte de la Defensoría del Pueblo, cada mes aparecen nuevos casos y se resuelven otros. Los 211 que hoy por hoy encaramos van desde las recurrentes escenas de comunidades movilizadas contra compañías mineras hasta desalojos de mercados con gran despliegue policial.
Si bien no hay predicción científica que valga a este respecto -en el Perú, dicen, la visión del futuro está más cerca de la adivinación que de las ciencias sociales- lo cierto es que, atando algunos conocidos cabos, se puede entrever escenarios más o menos probables durante este año.
VOTOS MÁS, VOTOS MENOS
Hacia octubre las elecciones regionales y locales serán intensamente disputadas. Tratándose de un tipo de poder cuyas interioridades los ciudadanos conocen de muy cerca, es previsible que las miles de campañas electorales sean -esperemos que solo metafóricamente- verdaderas luchas cuerpo a cuerpo. En cierta forma será también una especie de pulseo preliminar entre las fuerzas políticas, de cara a las elecciones generales del 2016. Pero, cuidado, los partidos nacionales en las elecciones anteriores solo ganaron, individualmente, tres gobiernos regionales. A nivel de municipios distritales su participación se redujo a 5%. Nada parece indicar que esto haya cambiado sustancialmente. En esta medida, las candidaturas se multiplicarán y el crimen organizado buscará penetrarlas.
Los conflictos aquí vienen también por el lado del uso indebido de recursos públicos, sobre todo de los candidatos a la reelección y sus seguidores. Paneles de propaganda que no se retiran a tiempo; empleados públicos que se ponen la camiseta partidaria en horas de trabajo; o inauguraciones convenientemente programadas para la víspera. Menudearán, seguramente, denuncias y reyertas.
De otro lado y a pesar de la progresiva solvencia del sistema electoral, subsisten problemas con los electores golondrinos, esos votantes que migran sin justificación razonable de un distrito a otro para favorecer a algún candidato. Una rigurosa y oportuna revisión del padrón electoral evitará que el ojo zahorí de los militantes descubra en la fila a una partida de forasteros y arda troya, porque ”acá, oiga usted, todos nos conocemos”.
LA FIEBRE DEL ORO Y DEL MORO
Los mineros informales e ilegales son y seguirán siendo un gran dolor de cabeza. Con relación a los ilegales que ostensiblemente dañan el ambiente, la mano de la ley debe ser todo lo dura que se necesite. A su turno, el Estado deberá trabajar arduamente con los setenta mil que han iniciado su formalización, removiendo lo escollos que hasta ahora limitan los avances en el proceso. Pero ¿qué hacer con los miles que no presentaron su declaración de compromiso aparentemente poco incentivados a formalizarse, y mucho de los cuales hacen minería de socavón a kilómetros de distancia del paisaje desolador de Madre de Dios? Una pregunta por ahora sin respuesta tanto como el ánimo belicista que ha adquirido el tratamiento de esta problemática en un país donde la informalidad cruza todas las actividades económicas y el 68% del empleo tiene esta condición.
LICENCIA PARA EXTRAER
El tipo de conflicto más persistente el que opone a comuneros, ronderos, agricultores, ambientalistas, con las empresas mineras, que a la fecha son 73 casos. Cabe advertir que de ellos no más del 30% tiene que ver con la oposición al inicio de un proyecto minero. La mayoría, 70%, son motivados por incumplimiento de compromisos suscritos en actas, accidentes ambientales, falta de remediación de pasivos ambientales, experiencias de maltrato, etc.
En tanto la institucionalidad estatal gana velocidad y pericia, la esperanza está puesta en la capacidad para relacionarse mejor entre uno y otro. Si la comunidad es o se siente parte del proyecto minero, planificará su desarrollo considerando el aporte que la empresa pueda hacer aquí y ahora en educación, salud, infraestructura. Que esta es tarea del Estado, no cabe duda, pero en un contexto de grandes carencias lo realista es asociarse para intentar dejar atrás la pobreza.
En este esfuerzo, y mientras superamos las limitaciones institucionales, el diálogo es la gran herramienta que disuelve prejuicios, entrecruza perspectivas y concibe destinos compartidos.
Rolando Luque Mogrovejo,
Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo
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